Foto: Policía
Por: Carlos D. Mesa Gisbert
El gobierno del presidente Paz ha declarado, cincuenta días después del bloqueo y el sitio, el estado de excepción.
La historia les cobrará cuentas a los responsables de este sitio criminal que ha dejado malherida a la ciudad de La Paz. Desde que los bloqueos se convirtieron en 1979 en la terrible y hasta ahora incurable enfermedad que nos desangra, no habíamos vivido en las dos martirizadas ciudades (El Alto es parte esencial de este drama) nada parecido.
Es difícil encontrar una pulsión más autodestructiva y suicida que esta. A nombre de las causas justas, una minoría irresponsable se apoderó de las vías y secuestró el voto ciudadano, en una operación de demolición sin precedentes. Más de una veintena de bolivianos han muerto víctimas de la medida, ante la imposibilidad de utilizar las vías para ser atendidos en situación de emergencia. Estas vidas perdidas son directa responsabilidad de los autores intelectuales y materiales de esta situación.
El mecanismo fue tan eficiente como autoritario. El sindicato, la junta de vecinos, la central, la unidad educativa, o cualquiera de las estructuras organizadas de la intricada red que controla el funcionamiento de la mayor parte de la sociedad, puso en funcionamiento una palanca que ordenó, a través de instructivos perfectamente sincronizados, la acción y el sostenimiento de los bloqueos. Los miembros de cualquier sindicato, por ejemplo, fueron informados de cuándo y dónde debían bloquear. Era parte explícita del funcionamiento de la estructura, igual que las actividades de un determinado gremio, la organización de sus festividades, o la estrategia para ampliar su fuerza como grupo. Bloquear no fue una decisión individual y voluntaria, fue una obligación. Esté de acuerdo o no, tenga o no la convicción de las razones que se esgrimen para hacerlo, sabe que su adscripción a su sindicato, incluye como mandato bloquear, cuando a sus ejecutivos les parece conveniente. Si no bloquea se atendrá a las consecuencias, que pueden costarle ser un paria sin horizonte. Si a ese cuadro sumamos la inyección que llegó en dinero espurio para mantener vigente este perverso artificio, el cuadro es desolador.
Por primera vez se pone en evidencia con su brutal crudeza que el sitio a las ciudades afectó de manera especial a los bloqueadores, que a título de una serie más que debatible de razones, pidieron la cabeza del presidente. Apenas seis meses después de su posesión, su renuncia fue el único punto del pliego petitorio. Cincuenta días después, el tiempo mayor de sitio al conurbano La Paz-El Alto desde el cerco de Katari, el despropósito es inocultable. Punto muerto. El presidente no ha renunciado. El acuerdo COB-gobierno, ciertamente no ameritaba ni un día de medidas extremas. A ritmo de palos, piedras y golpes se usurpó la soberanía popular, sin rubor alguno, sin vergüenza, ya la vergüenza es una rareza del pasado en este escenario contaminado de miserias.
Las colas de vehículos esperando un combustible que llega, nunca mejor dicho, a cuentagotas, suman varios centenares en cada gasolinera que permanecen tres y cuatro días seguidos haciendo la apuesta incierta de cargar sus tanques.
La carne está con los precios en las nubes. Hay quien dice que ha comprado un pollo a 130 y 140 bolivianos. Hay quien llegó al mostrador de venta y preguntó si le podían vender menudencias. Ante la respuesta negativa abandonó la fila cabizbajo, porque no tenía dinero para otra cosa. Los pobres, los verdaderos desheredados de la tierra, fueron una vez más castigados por sus pares.
La especulación es descarada y fría. No importa el daño, no importa la reducción drástica de la dieta.
El funcionamiento de las dos ciudades fue semicongelado o totalmente detenido. Los trabajadores llegaban tarde mal y nunca a sus fuentes de empleo. El aparato productivo languidece, el comercio está funcionando a menos de la mitad de su fuerza. Las pequeñas y las microempresas han cerrado o cerrarán en cadena, los emprendedores librados a su suerte están cargados de deudas.
Y lo más grave: “En La Paz nunca se va a poder progresar” dice un paceño que ama profundamente a su ciudad y que proclamaba a los cuatro vientos que por ninguna razón dejaría de vivir a los pies del Illimani.
Nuestros espíritus están cansados, agotados, presos de una honda depresión. La ciudad, aquella que según muchos compatriotas se ha beneficiado a costa del resto de la nación de las ventajas de ser sede de gobierno, que ha jugado un rol tan importante en la construcción de la nacionalidad, es hoy una geografía languideciente. Centenares de miles de paceños han llegado al convencimiento de que hay que irse para siempre para garantizar el futuro propio y, sobre todo, el de sus hijos y nietos.
Cuando este drama demencial concluya, cuando nos hayamos repuesto de esta autoflagelación que no ha tenido misericordia para nadie, y nos preguntemos ¿Cuál es la diferencia entre el día anterior a los bloqueos y el que llegue después de terminado completamente el cerco? Responderemos: ¡ninguna! ¿O sí? Estamos más heridos, más divididos, más desorientados, más pobres, más débiles, en suma.
La Paz-El Alto pagan una vez más su propio desatino, el de las brutales minorías eficientes enceguecidas por las consignas, el envilecimiento y la sustitución de las reivindicaciones legítimas por una montaña de ceniza.
Este golpe demoledor es el mayor de todos. La resistencia del presidente y su gobierno han descansado en la espalda de dos ciudades y un país que han tenido que cargar decisiones ajenas sin tener porqué.
Ni que decir de los paceños y alteños que fueron parte de esta agresión contra sus conciudadanos. Ni que decir de Evo Morales, el expresidente que después de su atrabiliario gobierno de catorce años, atiza el fuego de este descalabro sin importarle el daño brutal que sufren por sus acciones aquellos a los que dice defender.
La historia les cobrará cuentas, pero el daño irreparable hoy, está hecho.
