Por: Pablo Peralta M.
Dos presidentes de facto estrechan lazos en la localidad fronteriza de Charaña. Sellan una nueva etapa de relacionamiento con lo que la prensa denomina el “abrazo de la amistad”. Se trata de Hugo Banzer (Bolivia) y Augusto Pinochet (Chile). La historia recordará aquel momento como el “Abrazo de Charaña”, y así también quedará sellada la negociación que ambos entablaron en torno al tema marítimo.
Entre quienes pusieron bajo la lupa del análisis esa tratativa se encuentra Marcelo Quiroga Santa Cruz. El político y escritor, a través de una serie de columnas, examinó las ventajas, desventajas y lo que hay detrás de las propuestas de Bolivia, Chile (y, claro, de Perú). Aquellos artículos, publicados en el diario El Día durante su exilio en México, forman parte del libro “Hablemos de los que mueren” (1984).
La tratativa comenzó propiamente cuando, el 26 de agosto de 1975, diplomáticos nacionales entregaron a sus pares de Santiago una proposición de negociación. La Moneda respondió el 19 de diciembre con una propuesta formal.
Tras conformarse una “base global” de tratativa, Chile consultó a Perú, en atención a lo dispuesto por el protocolo del Tratado de Ancón. Sin embargo, Perú planteó una contrapropuesta que fue descartada por Chile. A la postre, la negociación quedó entrampada.
Quiroga Santa Cruz remarca que, un día después de que Chile diera su respuesta formal —que, en el fondo, fue una proposición—, el embajador de Bolivia en Santiago declaró: “Los bolivianos pueden sentirse felices: Bolivia ya tiene su mar”.
Banzer, en menos de 24 horas, expresó su conformidad “global” con la propuesta de Pinochet, indica nuestro autor. ¿Pero cuál fue la proposición? Marcelo, a continuación, hace una síntesis aproximada de lo que denomina la “transacción Banzer-Pinochet”:
Chile “concedería” a Bolivia una franja territorial hasta el océano Pacífico; en “compensación”, Santiago demandaría de Bolivia un canje territorial por doble partida (la entrega de un territorio fronterizo de igual superficie y la de otro equivalente a la plataforma submarina anexa al litoral por concederse); el reconocimiento de Bolivia del derecho que asistiría a Chile para utilizar todo el caudal del río Lauca; la desmilitarización total de la zona por concederse; y la renuncia formal y definitiva de Bolivia a su demanda marítima.
Quiroga Santa Cruz remarca que ambos gobiernos admitieron que Perú estaba al tanto de la tratativa y que, en virtud del protocolo del Tratado de Ancón, esperaban su conformidad. Sin embargo, sostiene que quien no fue informado “en absoluto” fue el pueblo de Bolivia, que “ignora todo lo relativo a esta transacción interpresidencial”, y señala que ello no se explica tanto por la reserva que caracteriza a este tipo de negociaciones internacionales “sino por las consecuencias que para Bolivia tendría la transacción”.
Al referirse a las “notorias ventajas” para Chile de la propuesta de Pinochet, Quiroga Santa Cruz cita, entre otras, la que quizá habría marcado un antes y un después de haberse consolidado: anular “por siempre el derecho que asiste a Bolivia de reclamar por la ilegitimidad de la anexión territorial con empleo de la fuerza, principio universalmente consagrado, lo que importa la convalidación formal y definitiva del despojo que permitió a Chile duplicar su extensión territorial en la Guerra del Pacífico”.
Respecto al canje territorial por doble partida, Marcelo indica: “La tesis de la compensación territorial es absolutamente inaceptable”; y, ante los argumentos de que el trueque debería verse no en su significación cuantitativa sino cualitativa, antepone que el gobierno de Pinochet reconoce que, careciendo de espacio para el establecimiento de un puerto operable, el comercio exterior de Bolivia deberá seguir dependiendo del puerto chileno de Arica. Y lanza la pregunta: “¿O cuál es, en verdad, la utilidad que tendría para Bolivia aquella mezquina playa y ese corredor apenas más ancho que la trocha del ferrocarril que lo recorre?”.
Quiroga Santa Cruz sostiene que Pinochet se propuso satisfacer la aspiración marítima de Bolivia, pero buscaba burlar su reclamo portuario. Agrega que la fórmula “Playa en lugar de Puerto” obedece al propósito de evitar que la concesión de un territorio costero a Bolivia implique la conquista de una auténtica vía soberana de comunicación marítima internacional, preservando, en lo sustancial, el régimen de enclaustramiento que la hace tributaria y dependiente de la soberanía económica y política chilena. “En otras palabras, soberanía marítima ilusoria y mediterraneidad efectiva”, concluye.
Sin llegar a buen puerto, en 1978 el gobierno de Bolivia rompió relaciones con Chile. “El Gobierno de Chile ha abandonado el compromiso esencial que explica históricamente la reapertura del diálogo”, se lee en parte del comunicado oficial que selló, una vez más, la ruptura.
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P. D. Corría el año 2018 cuando, desde la Cancillería, llamaron a un desayuno. Asistí como parte de la cobertura. Me sentaron con otros colegas en la mesa del entonces canciller. Para entonces se sabía que pronto la Corte Internacional de Justicia emitiría sentencia en la demanda de Bolivia contra Chile. En ese desayuno, la autoridad manifestó su confianza en el fallo. La misma confianza percibí después, cuando el entonces presidente llegó a La Haya para la lectura de la sentencia e hizo un video desde el avión presidencial, indicando que habría buenas noticias esa jornada. Sin embargo, el resultado fue adverso al petitorio de Bolivia.
