Por: Rodrigo Villegas
El miércoles 17 de diciembre, a eso de las 21.30, el presidente Rodrigo Paz, posesionado como mandatario hace menos de dos meses, brindaba un mensaje nacional a todo el país en el que anunciaba la medida más temida, pero de alguna forma ya anticipada por muchos analistas y hasta de ministros: a través del Decreto Supremo 5503 se determinaba levantar la subvención de los combustibles en Bolivia. Había estallado la bomba.
Las reacciones, obviamente, fueron inmediatas. Las de rechazo ante todo. Primero fueron la de los dirigentes de los sectores sociales, luego la del vicepresidente Edmand Lara, que aseguraba desconocer el proceso de construcción de la norma, y después la de los choferes de diferentes sindicatos nacionales, que horas más tarde lanzarían una nueva lista de tarifas: el pasaje en La Paz, por ejemplo, pasaría de Bs 2,40 a Bs 5. Al menos es lo que gritaban a los cuatro vientos debido al incremento en el costo de la gasolina y del diésel.
El día después del decreto fue una jornada, como era de esperarse, muy intensa en lo informativo debido a las diversas proclamaciones de rechazo a la norma, donde diferentes líderes sindicales indicaban que esta ley incrementaría demasiado el costo de la vida pública, de la canasta familiar. Que no solo subiría el pasaje, sino los alimentos y muchos productos de primera necesidad. Llamaban a organizarse.
Por su parte, los ministros de Estado se encargaron de colocarse firmes delante de cualquier ataque, asegurando que el decreto “no se tocaría”. Lo dijeron el ministro de la Presidencia, José Luis Lupo, y el de Economía, José Gabriel Espinoza, que al final fue secundado por el mismo presidente Paz, que dijo que estaban dispuestos a reunirse con cualquier sector social, pero que la norma no sufriría cambio fundamental alguno.
La batalla había comenzado: la Central Obrera Boliviana (COB) consolidó una reunión y llamó a un paro nacional indefinido a partir del lunes si es que el decreto no se abrogaba. La misma medida fue tomada por diversas organizaciones del país, donde se encontraba la de la Confederación de Choferes de Bolivia.
En las calles, la desazón era evidente, la preocupación de la ciudadanía. Los días posteriores a la eliminación de la subvención de los carburantes la población se volcó a los mercados de sus departamentos a nutrirse de arroz, azúcar, fideo, aceite y otros alimentos a precios todavía “normales”, aunque la especulación provocada por el maremoto provocó lo contrario, y los quintales duplicaron mágicamente su precio ante la desesperación de la gente.
Algunos rechazaban contundentemente la medida de Paz, pero otros lo apoyaban porque respaldaban los argumentos del mandatario: Bolivia no podía aguantar más con la subvención a los carburantes, no había dinero, “lo había malgastado el MAS en sus gestiones de gobierno”. Si el país no asumía esta medida drástica, apuntaba el dignatario, Bolivia caería en una hiperinflación o en default económico de aquí a poco tiempo.
Pero los sectores sociales no le creyeron, así que asumieron otras medidas.
Los choferes se anticiparon y determinaron un paro el viernes, dos días después de dictaminado el decreto, por lo que la población tuvo que recurrir al Teleférico o incluso a caminar muchos kilómetros para llegar hasta sus fuentes laborales.
Ya el sábado, con cierta regularidad en el trabajo del transporte público, el pasaje se había modificado: oscilaba entre los Bs 3, Bs 4 y hasta bs 4,50, pero pocos se habían animado a cobrar los Bs 5 previamente anunciados.
Muchos ciudadanos no aceptaron este incremento y se los vio en cortas discusiones con los conductores, donde cada quien daba su razón para pagar y cobrar lo que entendía debía darse.
Tal vez el domingo fungió como un ojo del huracán. Las familias, también preocupadas por la Navidad que se celebra en esta semana venidera, se ocuparon en realizar sus últimas compras, sus regalos y lo que le faltaba en casa antes del paro anunciado para este lunes en adelante. Algunos sectores sociales como mineros o choferes de Santa Cruz o Cochabamba indicaron que lograron acuerdos con el Gobierno y no se sumarían a la medida de protesta, pero la COB y otras entidades ratificaron sus marchas y bloqueos hasta que el decreto sea abrogado por Rodrigo Paz. “O hasta que renuncie”, señaló Mario Argollo, el máximo ejecutivo de la organización obrera.
Será una lucha, no se sabe si corta y larga, donde habrá vencedores y vencidos. La semana venidera nos dará un panorama más claro de lo que será Bolivia en 2026. Pobre país.
