Por: Rodrigo Villegas
Una piedra, dos, tres, cuatro piedras. Treinta, cuarenta, cincuenta piedras. Y ramas, y llantas quemadas. Y ponchos, y polleras, y sacos pesados. Y el frío, el calor intenso. Las horas que pasan de una, lentamente. Los días. Así, de uno en uno, se van afianzando los bloqueos que intentan cercar el departamento de La Paz. Que lo logran: comienza a escasear la carne de pollo, las frutas y verduras. Se eleva el precio. Crece, de a poco, la desesperación.
“No nos levantaremos hasta que renuncie el presidente Rodrigo Paz”, advierten los diferentes sectores sociales que bloquean, por ejemplo, las vías hacia Viacha, Yolosita, el norte de La Paz. Que paralizan el tráfico vehicular hacia sus municipios, que no permiten el flujo de carga entre la sede de Gobierno y sus poblaciones. “Deben abastecerse, porque esto va a durar hasta las últimas consecuencias”, amenazan.
Por su parte, Paz lleva a cabo el sábado un “gran encuentro nacional por la patria”, donde convoca a los líderes de las diferentes agrupaciones políticas del país para afianzar alianzas que garanticen su gobernabilidad. A la reunión asisten las nuevas autoridades municipales y departamentales del país, como Juan Pablo Velasco, Mamen Saavedra, Manfred Reyes Villa, Luis Revilla y otros más. El que no va es Leonardo Loza, que prefiere hacer presencia en Lauca Ñ, en el Chapare, donde participa de otro encuentro: el establecido por afines a Evo Morales, donde determinan una “gran marcha por la vida”, que partirá desde Caracollo en busca de llegar a La Paz.
“Nosotros lo apoyamos, señor presidente”, le dice claramente un Luis Fernando Camacho, que reaparece ante las cámaras en este encuentro, donde el Gobierno intenta formar a su modo un escudo ante todas las movilizaciones activadas.
“Debe irse, está destruyendo el país”, dicen, por el contrario, los Ponchos Rojos, que bloquean el ingreso a Copacabana. Lo señalan por la crisis del combustible, por su escasez y por el reparto de gasolina de mala calidad, pero también lo acusan de querer privatizar las empresas estatales para ofrecérsela a sus “amigos”, de “dañar la economía nacional”. La renuncia, esa es la única exigencia.
“El Gobierno no puede estar sometido a los caprichos ni a las medidas de presión de sectores sociales, no puede arrodillarse ante ellos”, subrayan autoridades de Gobierno, así como políticos y analistas afines, al momento de criticar la posible abrogación de la Ley 1720 de reconversión de tierras, provocado por la marcha de treinta días de sectores campesinos de Beni y Pando, así como las constantes protestas ya efectuadas en el centro paceño.
Los indígenas, tras noches de vigilia en cercanías de la Plaza Murillo, han logrado que haya un retroceso en esta normativa y ahora la Cámara de Diputados a aprobado la abrogación de esta ley. Ahora es el turno de la Cámara de Senadores, el último filtro.
Los empresarios del oriente se han declarado en emergencia por esta situación, ya que aseguran que un paso atrás en esta normativa solo provocaría daños para el sector agropecuario. Todavía no han anunciado medidas de presión, pero ya han advertido con llevarlas a cabo si la 1720 deja de existir como tal.
“Desactivar un conflicto llevará a la activación de otro”, sostuvieron algunos parlamentarios que defienden esta ley, a tiempo de criticar la continuidad del paro general de la COB, de los maestros (han anunciado un paro para este lunes, con la cancelación de clases escolares), así como de los otros grupos movilizados, a quienes han señalado como “desestabilizadores”.
Paz, días antes, fue nombrado Doctor Honoris Causa en la Universidad Pública de El Alto (UPEA), donde pidió a todos los bolivianos la unión “para sacar el país adelante”. Fue aplaudido por muchos, pero abucheado por otros tantos.
En los siguientes días se verá su capacidad para resolver los conflictos o al menos para resistirlos, para ver su musculatura. Una piedra podrá ser solo eso, una piedra. O podrá, si no se toman las medidas del caso a tiempo, cientos de ellas.
