Por: Rodrigo Villegas
La noche del viernes 14 de diciembre de 2025 el expresidente Luis Arce ingresó, enmanillado, a la cárcel de San Pedro. Horas antes había recibido la sentencia de un juez que determinaba cinco meses de detención preventiva en ese penal debido a acusaciones por presuntas irregularidades económicas en el caso Fondo Indígena. Es decir, por corrupción cuando ejercía el cargo de ministro de Economía en la gestión de Evo Morales. Decían que él había avalado los millonarios desembolsos destinados a aquella institución estatal a través de proyectos productivos que quedaron en la nada. Aquel dinero, que superaría los Bs 360 millones, se había esfumado. Ahora, algunos años después, le tocaría pagar por ello.
Al exmandatario, que en las elecciones nacionales de 2020 se había impuesto como vencedor con un 55% de votación, lo habían aprehendido días antes, el miércoles 10 del mismo mes, a poco de salir de su casa, en Sopocachi. Según la denuncia de María Nela Prada, exministra de Arce y la única exautoridad de su gestión que apareció públicamente para respaldar a su exjefe, efectivos de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) lo habían agarrado, subido a un vehículo con ventanas negras y llevado hasta sus oficinas furtivamente.
“Lo secuestraron”, denunció Prada ante las cámaras de televisión de los medios de comunicación oficiales, que tenían delante suyo la noticia del día, de la semana.
Minutos después se supieron las razones de aquella aprehensión: se lo habría inculpado en el desfalco millonario acaecido en el ex Fondo Indígena, un proyecto que se había establecido hace dos décadas para impulsar el trabajo campesino y productivo con fondos del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH), es decir del gas, pero que en el tiempo se había convertido en un nido de corrupción, en una maleta profunda de dinero que poca gente podía fiscalizar. En su momento la principal implicada fue Nemesia Achacollo, eximistra de Desarrollo Rural, quien habría sido una de las cabecillas en este desfalco. Ahora sumaban a Arce al proceso indagatorio.
Fue así que el expresidente, que hasta hace poco más de un mes todavía fungía en el cargo, fue trasladado hasta celdas policiales, donde días más tarde recibiría la noticia oficial de su detención en San Pedro, la cárcel ubicada en pleno centro de la ciudad de La Paz.
“No nos hemos ido, hermanos”, fue lo último que dijo Arce antes de ingresar oficialmente a San Pedro, donde lo esperaban decenas de periodistas de Bolivia para sacarle la foto de rigor. Horas antes, en su audiencia, el exmandatario había asegurado su “absoluta inocencia” y señalado al actual Gobierno de Rodrigo Paz de enjuiciarlo por causas “políticas”.
Una vez dentro del penal, uno de los primeros personajes en pronunciarse al respecto fue el vicepresidente Edmand Lara, que felicitó a la Policía Boliviana por haber aprehendido a Arce: “Lo prometimos, estamos cumpliendo; no se tolerará a la corrupción en Bolivia, todos los que le robaron al país pagarán por sus fechorías”, dijo en un video publicado en su ya tradicional cuenta de TikTok.
Más tarde, el ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, explicó que Arce se encontraría en San Pedro mientras continuaran las investigaciones por el dinero mal habido del Fondo Indígena, así como sucedía también con la exdiputada Lidia Patty, aprehendida hace poco más de una semana por vínculos con el presunto desfalco.
“Se tiene que investigar a todos los demás implicados, entre ellos se debe pedir que Achacollo vuelva a la cárcel, ya que hace poco fue beneficiada con detención domiciliaria. También se debe incluir a otras exautoridades y a actuales dirigentes del MAS”, exigió el exdiputado Rafael Quispe, el principal denunciante de la corrupción en el Fondo Indígena, quien fue secundado por el abogado Eduardo León, que pidió que, entre otros, se convoque al exministro Juan Ramón Quintana y hasta al expresidente Evo Morales para declarar sobre este caso.
Desde el Trópico, los defensores de Morales ya se pronunciaron acerca de estos pedidos: “Hemos reforzado la seguridad, no permitiremos que intenten aprehender a nuestro hermano Evo, él es inocente, no sabía nada de ese desfalco”, argumentaron varios dirigentes del Chapare.
Otros, principalmente periodistas de algunos medios de comunicación, recordaron a Marco Aramayo, el exdirector de este Fondo Indígena, que fue encarcelado por siete años, con detención preventiva, prácticamente por haber denunciado la corrupción en esta institución estatal hace ya muchos años. Según las investigaciones, Aramayo había sido torturado, enjuiciado y hasta se le había negado la atención médica y la visita de sus familiares cuando su detención se vio gravemente deteriorada en el penal donde había sido condenado, donde luego murió.
En uno de los audios recientemente filtrados a raíz de estas nuevas investigaciones, se oye la voz de Aramayo donde señala a Arce por aprobar aquellos desembolsos millonarios cuando trabajaba como ministro de Economía. Años más tarde, ya fallecido, su voz reaparece, así como su imagen, para exigir justicia por el daño económico generado a Bolivia.
El expresidente ya pasó sus primeras noches en prisión, donde deberá permanecer por al menos cinco meses, tiempo que podrá ser alargado si es que se profundizan las investigaciones y se emite una sentencia mayor. Arce pasó de estar sentado en la silla presidencial, la más venerada del país, a echarse en una cama de una celda carcelaria en menos de dos meses. Así es el poder: un día estás en lo más alto, otro en lo más bajo. Del cielo al infierno solo hay un paso.
