Foto: Felcn
Por: Pablo Peralta M.
Transcurrían los primeros años del primer mandato del entonces presidente Evo Morales cuando, en 2009, llegó a Bolivia J-F Barbieri, un policía antidrogas con experiencia en Marsella, Francia. Desde ese país se trasladó al territorio nacional para asumir funciones en la Embajada de ese Estado como agregado de Seguridad Interior.
Cuando llegó a Bolivia, Barbieri tenía una opinión positiva del entonces mandatario y de la política que implementaba, dado que era el “primer presidente indígena”, de origen humilde y sindicalista, como Lula. No podía sentirse más que seducido, reconoce en su libro “El narcoamauta”, editado tanto en Francia como en Bolivia (2020). Sin embargo, conforme pasaron los años de su estadía, sintió el golpe de la realidad. Quedó conmocionado.
¿Qué es lo que halló? Especialista en lucha antidroga de larga data, palpó una dura constatación: una política en la materia que, en sus términos, era solo una “fachada” destinada a tranquilizar a las autoridades internacionales.
Una de las “piedras angulares” de esa administración —indica en su libro— fue la política de revalorización de la coca, que se enfocaba en mantener el consumo tradicional (incluso se creó el Día del Acullicu mediante ley) y en abrir oportunidades de mercado tanto en el interior como en el exterior del país (con la industrialización de la hoja de coca como punta de lanza).
Sin embargo, esa política —prosigue— favorecía a los productores de coca de todo el país, en general, y a los del Chapare en particular, la base social de Morales; pero, a la vez, tenía incidencia, voluntaria o no, en el aumento del tráfico de drogas.
Morales llegó al poder en enero de 2006, de la mano de una plataforma política que unificaba a diversos sectores campesinos, indígenas y representantes de otros ámbitos. Entre ellos estaban los cocaleros del Chapare, su principal bastión.
El autor reseña que la llegada de Morales al Palacio Quemado impulsó los cultivos de coca (entre 2005 y 2010 pasaron de 25.400 a 31.000 hectáreas); además, su administración cambió la política de la coca y promulgó la Ley 906 —en reemplazo de la Ley 1008— que legaliza los cultivos en el Trópico de Cochabamba, sobre la base de estudios controversiales de consumo.
Un hecho que marcó un antes y un después fue la expulsión de la Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés). El autor considera que esa acción significó dejar de contar con sus informes, lo que implicó no acceder a los datos generados por su red de agencias en la región, construida mediante mecanismos como el pago a informantes, práctica considerada esencial en la lucha contra las organizaciones de tráfico de drogas.
Así, Bolivia, con la partida de la DEA —un vacío que, según el autor, ningún otro país llenó—, se volvió sorda y, sobre todo, ciega en materia de lucha antidroga. Sin sus informes, ya no podía atacar a las organizaciones de tráfico, lo que se expresó en la captura de solo “manos pequeñas”.
Barbieri considera que la industrialización de la coca fue “un mito” y reseña que varios proyectos fueron desarrollados, “pero ninguno ha sido verdaderamente puesto en marcha”. En ese contexto, cita la instalación de dos fábricas experimentales de transformación de la hoja de coca en harinas y otros derivados, una en La Paz y otra en el Chapare, esta financiada con fondos del chavismo.
El autor concluye que ambas fábricas quedaron “casi improductivas” y se pregunta: ¿para qué desarrollar una agroindustria alimentaria si, para algunos productores de coca, es más fácil y más rentable venderla para actividades ilícitas? Concluye: “Esta industrialización fantasma de la coca era parte de un plan enfocado en justificar la legalización de los cultivos de coca”.
El autor también analiza lo referido a las acciones antidroga y a las inversiones en la materia. Sobre lo primero, indica que se realizaron operativos mediatizados con resultados insignificantes; sobre lo segundo, sostiene que las inversiones en la lucha antidroga “son una ilusión”.
Entre todo, relata también un episodio anecdótico: en una operación conjunta entre Bolivia y Argentina, en la que participó, solo se halló una “fábrica” y no se capturó a nadie en el lugar (debido, en parte, a filtraciones). El único prisionero de la jornada fue el propio Barbieri, cuando buscaban factorías en el bosque: un efectivo antidroga lo detuvo porque no lo reconoció.
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P.D. Maximiliano Dávila, ex director de la fuerza antidroga, no imaginaba que las reuniones y llamadas que sostenía con sus cómplices, que derivaron en la entrega de una muestra de cocaína a fines de 2019, estaban siendo grabadas por la DEA. Aquellos registros forman parte de las evidencias que se ventilaron en el proceso abierto en Estados Unidos, que concluyó con la condena de 25 años de prisión en su contra, veredicto conocido el 20 de marzo. ¿Estamos ante un retorno después de la expulsión?
